Sobre la coacción como forma de anular la pluralidad

Salió en una conversación el otro día el tal escrache. Ese invento argentino contra los políticos corruptos en particular y contra la corrupción en general. Aquí en España lo hemos importado con el matiz de que sólo se practica contra los políticos de centro derecha. Ni un escrache por los  millones de euros robados en Andalucía a cuenta de los ere. Nuestra socialdemocracia mira para otro lado: ya veremos lo que dirán el día que los antiabortistas sitien sus casas y los insulten mientras sus hijos miran por las ventanas. Peor es aún lo de nuestra izquierda caníbal; esa manera de socializar el sufrimiento, como le enseñó hace veinte años sus primos mayores  disfruta doblegando a los representantes cuando no son los que a ellos les gustan.

Me pedía mi opinión la persona con la que hablaba. Caía la tarde y Barcelona resplandecía. Es repugnante cruzar esa línea que separa lo privado de lo público. Y creo que la respuesta de la autoridad debe ir ligada al cumplimiento, de manera estricta, del Código Penal. En concreto, de lo que señala, con claridad meridiana, el artículo 498:

“Los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años”.

Claro que ya escribió Azaña hace más de sesenta años que en España "las leyes con cosa de juego, y el fabricarlas, una diversión..."