Ando realizando una investigación, ligera e insustancial, como buen politólogo, sobre la Ley de Ayuntamientos de 1840. Para los desocupados lectores provenientes de la logse, o de la izquierda en general (es una broma, no se me enfaden), se trata de una ley capital, aprobada por los moderados, que precipitó la caída de la Reina Regente María Cristina, y la llegada al poder de Espartero, el espadón progresista, que asumió la regencia del reino durante tres años.
Es fascinante bucear en otras épocas históricas. Siguiendo la polémica tramitación parlamentaria de la ley, entre la primavera y el verano de 1840. Me ha llamado la atención, lo confieso, tanto la solidez de la ley (una parte de su espíritu siguió impregnando durante décadas el municipalismo español) como lo interesante del debate parlamentario. Nunca había entendido hasta ahora las posiciones moderadas; pensaba que era únicamente un tema de ayuntamientos elegidos por los vecinos o concejales nombrados por el gobierno. La realidad, como siempre, es más compleja. Para la concepción moderada, los ayuntamientos eran un poder del Estado y como tal, correspondía al gobierno ejercerlo. Nada tenía de extraño, aseguraban, que sea el gobierno el que nombre a los alcaldes, ya que como administración pública deberán colaborar en llevar a cabo el programa que el gobierno quiere llevar a cabo en el conjunto del país. Es verdad que la teoría que se acabó imponiendo fue otra; a saber, que los Ayuntamientos necesitan autonomía para las competencias que les son propias y que, por ello, deben ser elegidos por los vecinos, que han de juzgar el gobierno municipal de manera diferente a como juzgarían el gobierno de la nación.
Tenían cierta lógica ambas posturas, estando la moderada, además influida por el temor a anarquía fruto de varios años de guerra carlista.
PS: llueve
PD: no nos engañemos. Esto es lo que había, y esto es lo que habrá.
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